13.3.2018. El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, recurrió a la Justicia para evitar nuevas protestas frente al Palacio Municipal. En los últimos meses, los trabajadores han acampado frente al edificio en varias oportunidades.
“Así como hay derecho a la protesta, hay derecho a circular por el territorio. No tienen derecho a contaminar con quema de gomas. Mi intención es hacer respetar la ley, pero lo tiene que hacer la Justicia y la Policía”, había explicado el jefe comunal.
Según el oficialismo, están amparados por el Código Penal, más precisamente por el artículo 194, que no permite el corte de calles. “Establece que entorpecer el transporte de personas es un delito”, agregaron.
De esta manera, Arroyo redobla la apuesta ante los empleados que reclamaron por mejores condiciones laborales y por el pago de sus sueldos a tiempo. Como era de esperar, esta decisión no cayó para nada bien en los sectores sindicales.