Martes 8.7.2025
27.4.2018. El anuncio realizado hace pocos días por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal respecto a la baja de impuestos provinciales y municipales en las tarifas de servicios públicos para beneficiar a los contribuyentes tuvo su correlato en la Legislatura, en donde finalmente se votó una quita parcial en la tarifa eléctrica (se había prometido que sería también para el agua y el gas), producto de la presión de los intendentes.
De acuerdo a lo que se pudo saber en dicho ámbito legislativo, los intendentes manifestaron su preocupación ante el tratamiento del proyecto oficial, dado que una baja en los impuestos que cobran los municipios afectaría las arcas comunales que impedirían prestar determinados servicios ya contemplados en los presupuestos.
La quita parcial de impuestos en la tarifa de la energía eléctrica primero fue tratado en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Lo que resolvieron los legisladores fue producto de la presión ejercida por los intendentes: solamente quitaron el ítem que involucra a los tributos provinciales.
Hace pocos días, Vidal dijo que quitarían todos los impuestos incluidos en las facturas de servicios públicos que pagan los usuarios residenciales bonaerenses: la boleta de luz tendría una rebaja del 15,7 por ciento, la de agua, 6,3 por ciento y la de gas, del 6,2.
Esa medida comenzó a aplicarse a través de un decreto firmado esta semana que eliminó de las tarifas de luz un 15,5 por ciento de dos fondos específicos que recaudaba la Provincia; un 6 por ciento de la tarifa de gas y otro 3 por ciento de la tarifa de agua.
La disposición se complementaría con un proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura para reducir una alícuota del 6 por mil que percibe la Provincia en las tarifas de luz y de 6 por ciento y 4 por ciento que perciben las comunas de las tarifas de agua.
Tal proyecto de ley, que ingresó el miércoles al Senado, se convirtió rápidamente en eje de un fuerte reclamo de parte de los intendentes, que se pusieron en alerta por la afectación que sufrirían las finanzas comunales de sancionarse.
Según estimaciones, de los 3 mil millones de pesos anuales de recaudación que dejarían de percibirse por la quita de impuestos, 1.300 iban a parar a las intendencias.
De ahí la presión de los jefes comunales que tuvieron como intérpretes a los legisladores, principalmente los de las bancadas del Partido Justicialista y del Frente Renovador.
