Sábado 5.7.2025
23.5.2018. En el marco de la investigación que se le inició por presuntas irregularidades en la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli fue inhibido junto a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller en una cifra millonaria: 189.200.000 millones de pesos.
La decisión de inhibir al ahora diputado nacional fue adoptada por la justicia penal platense, que investiga esas presuntas irregularidades con la obra pública.
Cabe mencionar que el fiscal penal Álvaro Garganta había solicitado que se dictara la inhibición general de bienes a los tres procesados en cuestión. Y efectivamente, la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, fue la encargada de adoptar tal medida.
Scioli, en tanto, no solamente fue inhibido en sus bienes: también deberá notificar a la justicia cada vez que quiera salir del país.
Como se recordará, Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve UPA durante la gestión de Scioli. El fiscal cree que el gobernador habría favorecido al empresario Miller en la construcción de esos centros sanitarios.
"El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las UPA, tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal", sostuvo Garmendia.
En tanto, cabe recordar que Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, en el Partido bonaerense de Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.
Hace pocas semanas, al presentarse ante la fiscalía de Garganta tras la citación, Scioli se limitó a entregar un escrito en el que declaró no haber recibido "nunca dádivas de ninguna persona".
Allí sostuvo también que "todas las contrataciones" durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".
