Sábado 5.7.2025
25.5.2018. Decidida a achicar el gasto público para combatir el déficit fiscal como sea, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dispuso una medida muy utilizada en tiempos de apremio: la apertura de un registro de retiros voluntarios para los empleados estatales.
La idea es la de siempre: reducir la planta de personal.
Para llevar esa medida a cabo, el Gobierno bonaerense dispuso abrir un registro de retiros voluntarios que en un principio regirá por seis meses.
¿Quiénes estarán comprendidos?: empleados de la planta permanente, incluidos los docentes.
¿Quiénes estarán excluidos?: agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Desde la administración provincial se aclaró que la disposición no obliga a los trabajadores a retirarse, sino simplemente apunta a reducir la planta de empleados públicos.
“Podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten las plantas permanentes con estabilidad que a la entrada en vigencia de este régimen registren una antigüedad de 2 años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de 5 años para acceder a la jubilación”, dice el texto del decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial.
En ese mismo documento, se aclara que el Ejecutivo podrá denegar el pedido “cuando considere que el retiro pudiera afectar el regular funcionamiento del área en que se desempeñe el trabajador”.
La iniciativa del gobierno de Vidal establece una escala para la indemnización que cobrarán aquellos empleados que se acojan al régimen que contempla el pago en cuotas según la antigüedad de cada uno: por ejemplo, un agente con una antigüedad de entre 2 y 5 años percibirá un pago inicial al momento de la baja de cuatro cuotas juntas. Y luego, percibirá 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Sin embargo, esas cuotas no se calcularán de la misma forma. Las que se cobrarán al momento del retiro surgirán “en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente”. Para las restantes, en cambio, se tomará como base “la remuneración mensual normal y habitual neta percibida luego de efectuadas las deducciones legales”. De esta manera, las primeras serán más abultadas que las segundas.
También se establece que para el cálculo de la indemnización se deberá tomar la mejor remuneración mensual “normal y habitual percibida por el agente en los seis meses anteriores al acto administrativo que dispone la aceptación del retiro, incluyendo todos los conceptos de pago mensual, adicionales, bonificaciones y sumas no remunerativas”. Pero se excluyen las sumas percibidas en concepto de viáticos, horas extras y aguinaldo, además de “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.
Respecto de las cuotas, se establece que el pago inicial se realizará a los 30 días de la aceptación por parte del Estado del retiro voluntario. En tanto, las cuotas restantes se abonarán del siguiente modo: la primera al cuarto día hábil del mes siguiente y las demás en el mismo día de los meses posteriores hasta agotar las cuotas correspondientes a cada caso.
El decreto consigna que los agentes que se retiren contarán con la cobertura de la obra social IOMA por un período de dos años contados a partir del cese.
Cabe destacar que la cantidad de empleados públicos con los que cuenta la Provincia tomando en cuenta docentes, policías, penitenciarios, médicos y personal administrativo asciende a 610 mil. De esos, 110 mil se reparten entre efectivos policiales y penitenciarios.
