Viernes 4.7.2025
24.7.2019. Este luctuoso incidente vial, donde participa un "famoso" y por tanto adquiere tanta difusión, pone de manifiesto una serie de incumplimientos legales por parte de la autoridad provincial que tan celosamente debiera recopilar nuestras resoluciones, al punto que si no lo hacemos en un plazo exiguo y determinado somos pasibles de acciones penales en nuestra contra.
De esa manera, el presidente de la Asociación de Jueces Municipales Bonaerenses, Carlos Rey, comenzó el análisis de varios aspectos vinculados al accidente que el último fin de semana protagonizó Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras (44), quien volcó con su camioneta Honda CRV blanca cuando circulaba por el Km 8,5 de la Ruta 63 que une la Autovía 2 y la Ruta 11, a la altura de la ciudad bonaerense de Dolores.
Al respecto, Rey sostiene que la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV) “que tanto abarca y tan poco aprieta, como la mayoría de los registros provinciales, para colmo está en manos de un funcionario que no tiene experiencia alguna en temas de seguridad vial”. El funcionario aludido es el contador Víctor Stephens.
Pero no solamente con Stephens adopta una postura crítica, sino también “como ocurre con su jefe, el ex diputado y ex jefe de Arba, Iván Budassi, quien no sólo impulsa politicas de radarizacion orientadas a favorecer a una empresa, sino que tampoco entrega los talonarios de actas únicas a todas las autoridades de aplicación”.
“(Budassi) No hace funcionar adecuadamente el sistema informático que ellos mismos han impulsado, sino que además y sobretodo promueve un sistema de jurisdiccionalidad provincial que ha demostrado ser un gran fraude”, agregó Rey.
Dicho análisis recuerda que “cuando fue necesario (para estos funcionarios) cambiar a los denominados jueces, así lo hicieron y los sustituyeron parcialmente en concursos amañados y que a poco de andar demostraron la falsedad intrínseca de los mismos”.
“Todo ello fue en detrimento de una institución con historia, legitimidad y eficiencia, como es la Justicia Municipal, Justicia de proximidad, con defensa de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio”, sostuvo el presidente de la mencionada Asociación.
A su vez, Rey destacó que la Justicia Municipal “tiene un sentido federalista y con garantías que, si bien debieran reforzarse y consolidarse en beneficio de un mejor servicio de justicia a los vecinos, aún así superan ampliamente al engendro de Justicia Provincial que debiera eliminarse por completo y retornar a las pautas de la Ley 11430 que constituían un verdadero Código de Tránsito provincial”.
“El autonomismo municipal y la consolidación de la Justicia Municipal como poder independiente de los gobiernos republicanos municipales, que sólo así lo serán, demandan estos cambios que seguiremos reclamando para que el derecho contravencional cumpla el rol que le corresponde y no tengamos que lamentar o dilucidar responsabilidades en relación a los próximos ‘Pepos’”, concluyó Rey.
