26.8.2019. La historia en cuestión es compleja: mediante un concurso de antecedentes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires designó para ocupar el cargo de jueza administrativa provincial de Infracciones de Tránsito en la ciudad de Dolores a la propietaria del inmueble en donde funciona dicha dependencia.
Tal como informó este portal en su momento, en enero de este año y sin motivo que lo justificara, por decisión del ministro de Gobierno y del director de Política y Seguridad Vial, Joaquín de la Torre y Víctor Stephens, respectivamente, separaron de sus cargos a la secretaria Virginia Lauría y a la jueza Claudia Rossi.
Ambas letradas presentaron recursos de revocatoria ante la justicia en lo contencioso administrativo de La Plata, que les dio la razón: la jueza María Ventura Martínez ordenó a las autoridades del Gobierno bonaerense que sean reincorporadas en sus puestos. Mientras desestimaba la manda judicial, De la Torre llamó a concurso para cubrir la vacante de Rossi.
Los trámites administrativos corrieron a la velocidad de la luz y la elegida fue María José Tamagno, de casi 30 años de edad, con posgrado en Barcelona; posgrado en Derecho Penal y trabaja en el ministerio de Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich. También trabajó en la redacción de las modificaciones del Código Penal presentadas para su debate en el Congreso Nacional, pero su historial no tiene nada que ver con la seguridad vial o los Juzgados de Faltas.
Como se recordará, Tamagno es la propietaria del inmueble (en un 50 por ciento, la otra parte pertenece a su padre) en donde funciona el Juzgado de Infracciones de Tránsito de Dolores. Contrato mediante, se lo alquilaba al Gobierno que encabeza María Eugenia Vidal: en diciembre último se hizo la renovación del mismo.
Ese conflicto de intereses fue denunciado por Rossi en el mes de abril, cuando en sede judicial exigió su reincorporación en el juzgado y denunció al ministro De la Torre por incumplimiento y desobediencia a lo ordenado por la jueza Ventura Martínez.
La enorme casa de dos plantas que contaba con tejas coloniales luce ahora con renovadas tejas francesas, gracias a la renovación del alquiler con la Provincia, que generosamente pagó cerca de 500 mil pesos para ese cambio en la fachada y otros arreglos.
Sin embargo, con el objetivo de quitar ese obstáculo que le impedía acceder al cargo de jueza por ser propietaria de su lugar de trabajo, Tamagno decidió rescindir el contrato con la Provincia. Los arreglos del inmueble ya eran una realidad.
Mudados y amontonados a la sede en donde funciona ARBA, en Aristóbulo Del Valle 167, los empleados del Juzgado de Tránsito terminaron siendo los más perjudicados.