Viernes 4.7.2025
17.12.2019. La sede de Cáritas de La Plata en la que estaba viviendo desde hace unas pocas semanas fue el escenario elegido por el cura Eduardo Lorenzo para quitarse la vida en la tarde de este lunes. Precisamente, esta misma tarde la justicia penal platense había pedido su detención en el marco de la causa que lo investigaba por abuso sexual de menores.
Lorenzo fue capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) durante casi veinte años hasta su renuncia en 2018, cuando se reactivó una causa iniciada en 2008 por abuso de un menor. Después de ese caso, se conocieron otros cuatro episodios similares.
Actualmente, el cura estaba a cargo de la Parroquia Inmaculada Madre de Dios de la localidad platense de Gonnet.
Según lo que se pudo saber, Lorenzo utilizó un arma de fuego para quitarse la vida en la sede de Cáritas ubicada en calle 4 entre 49 y 50. Quienes lo conocían, habían asegurado con mucha preocupación que “en los últimos días lo escuchamos decir que era capaz de cometer una locura” si avanzaba la causa en su contra.
En la tarde de este mismo lunes, la jueza penal Marcela Garmendia había ordenado su detención, luego del pedido de la fiscal que instruyó la causa, Ana Medina.
Garmendia había recibido las pericias psicológicas hechas a Lorenzo. Los especialistas informaron que tenía una “estructura psicopática perversa de la personalidad”; “personalidad con rasgos de manipulación” y “elevado autocentrismo”.
La acusación contra el cura platense era sumamente grave: abuso sexual con acceso carnal agravado contra al menos cinco víctimas, todas varones, todas menores de edad en casos que se remontan a comienzos de la década del ‘90. Medina ya le había pedido a Garmendia que haga efectiva la detención, pero la jueza esperó los informes periciales para tomar dicha medida.
Cabe destacar que la primera denuncia formal contra Lorenzo fue en 2008, cuando Diego Pérez (27) acusó a Lorenzo por los abusos. Pero la causa fue archivada por la propia fiscal Medina, dado que el relato del denunciante, que en ese momento era menor y estaba patrocinado por sus padrinos, no contenía elementos suficientes, a su criterio, para continuar el caso.
Sin embargo, este año el abogado Juan Pablo Gallego, quien representó a las víctimas del expediente del cura Julio César Grassi, logró reabrir el caso.
Después llegó el caso, en julio de este año, de Julián Bartoli (36) quien agregó su testimonio, como víctima contra el sacerdote por hechos ocurridos entre 1999 y 2001. Luego llegarían a la Justicia otros tres casos. Con las pruebas analizadas, el pedido de detención se hizo inevitable.
