Sábado 5.7.2025
21.1.2020. Corría el año 2015 y los protagonistas de esta historia parecían llevar a cabo la estafa perfecta: reciclar los cajones mortuorios que en su momento se habían destinado a la cremación de las personas fallecidas. Una vez que los familiares se retiraban de la ceremonia de despedida final, procedían a quitar los cuerpos de esos cajones para, después, reingresarlos a la venta como nuevos.
Según cuentan conocedores del tema, la mayoría de las cremaciones de personas fallecidas se hacen con el ataúd. Sin embargo, los empresarios de esta historia tenían otra visión del negocio.
Esa maniobra fue finalmente descubierta por familiares de un difunto, quienes no dudaron en realizar una denuncia penal contras los responsables del crematorio, el cual todavía funciona dentro de un cementerio privado de la ciudad de La Plata.
Iniciada la investigación por parte del fiscal platense Marcelo Romero, se pudo comprobar que la maniobra existía y entonces reclamó la detención de los empresarios Alberto Salvador Martínez Azzolina y Carlos Julio Valladares.
Finalmente, y bajo una caución real de 30 mil pesos fueron excarcelados en el mes de marzo de 2017. La acusación por estafa sigue vigente, de modo que ambos continúan procesados.
Pero se ve que para ambos empresarios los negocios siguen su rumbo y no dejan de emprender: Martínez Azzolina continúa como presidente de la empresa que lo llevó a prisión, es decir, Cementerio Parque Privado S.A.; y Valladares sigue como presidente de la Corporación Sudamericana de Negocios, un rimbombante nombre para justificar la actividad, que no es otra que la de realizar préstamos a tasas usurarias.
En lo que respecta a negocios, el presidente del cementerio ubicado en Ruta Provincial 36 Km 63 y 1/2 de la localidad de Lisandro Olmos, Partido de La Plata, pudo salir airoso de una causa que se tramitó en 2012 cuando era coronel del Ejército Argentino. Según una investigación ardua de la justicia federal, en 2017 se determinó que Martínez Azzolina y un grupo de conocidos suyos nada tuvieron que ver con “hacerse de fondos a los efectos de solucionar compromisos de la Fuerza referidos a costear gastos relacionados con camaradas involucrados en cuestiones de Lesa Humanidad”.
El vínculo entre Martínez Azzolina y Valladares no puede ser tan coincidente: en los mismos días, y en perfecto orden -una debajo de la otra- las empresas que presiden aparecen con sus respectivas convocatorias a asambleas ordinarias y extraordinarias en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
¿Más coincidencia? La escribana de La Plata que certifica ambos llamados (dos por cada empresa) es la misma, esto es, María Soledad Bonanni.
Bonanni tiene en su haber la certificación de otra empresa prestamista: My Cash S.A., señalada por ser la financiera que pudo haber blanqueado préstamos ilegales que se hacían a través de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO).
La presidente de My Cash S.A. es Daniela Gisele Behrens y el director suplente es Iván Oscar Romero, ambos por tres ejercicios.
Daniela es hija de la concejal y vicepresidenta 2da del Concejo Deliberante de Cañuelas por Cambiemos, Elisabet Romero; en tanto que Iván es hermano de la mencionada referente radical.
Pero, además, Daniela Behrens es hermana de Jorge Behrens, ex tesorero de FESIMUBO, quien fuera el denunciado por estafa por parte de un proveedor.
En silencio, los negocios de cada uno de los protagonistas siguen su curso. Como si nada hubiera pasado.
