Los "Amicus Curiae" (amigos del Tribunal) ya están reglamentados por la Suprema Corte bonaerense

8.6.2020. Los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia bonaerense acordaron aprobar el “Reglamento de Amigos del Tribunal”, conocido también como “Amicus Curiae”.

En efecto, el acuerdo al que llegaron los jueces del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires fue dado a conocer este lunes mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Según lo aprobado en el reglamento, se considerará “Amigos del Tribunal” a “toda persona humana o jurídica con reconocida competencia sobre la cuestión debatida”.

La condición es que “no sea parte de un pleito y reúna las condiciones establecidas en la Ley 14.736 (de creación de tal procedimiento, sancionada en 2015)”, por lo que “podrá presentarse ante la Suprema Corte de Justicia en calidad de Amigo del Tribunal, en los procesos judiciales correspondientes a su competencia originaria como en el trámite de recursos extraordinarios en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general”.

Cabe señalar que la aprobación por mayoría del reglamento en cuestión tuvo sus reparos por parte de dos de los integrantes de la Suprema Corte, los jueces Luis Genoud y Eduardo Pettigiani.

Al momento de emitir su voto, Genoud consideró que “no corresponde que un Poder del Estado intervenga espontáneamente en un proceso judicial entre particulares, en el que no es parte, fijando oficialmente una posición”.

Genoud hizo esa referencia luego de señalar que el Reglamento de “Amigos del Tribunal” establece que "el Estado provincial y los municipios de la provincia de Buenos Aires podrán intervenir a través de los organismos y órganos de control especializados en la materia específica de que se trate, por medio del funcionario debidamente habilitado para representar a dichas agencias”.

“En la previsión bajo análisis no es un tercero cualquiera ajeno a un proceso, quien intervendría en el proceso en la figura de amigo del tribunal sino que es el mismo Estado ya sea provincial o municipal”, agregó Genoud, por lo que “no es ajustado a los principios de actuación específicamente reglados que deben tener los poderes del Estado, ya que no tienen facultades constitucionales para hacerlo”.

Si bien apoyó la adhesión al Reglamento en cuestión, el mencionado juez hizo algunas excepciones al mismo por lo anteriormente argumentado, dado que a su entender “no superan el examen de constitucionalidad”.

Por su parte, Pettigiani también manifestó algunos condicionamientos a la reglamentación al considerar que “el compromiso por un diálogo genuino, abierto, participativo y democrático entre los distintos actores sociales de la Provincia podría ser mejor canalizado en la arena legislativa”.

“Piénsese, por un lado, que la injerencia de los Amicus Curiae en beneficio de una de las partes del proceso, en respaldo de sus argumentos, importa la aceptación de la incorporación al mismo de un tercero parcial”, sostuvo el integrante de la Suprema Corte.

Seguidamente, Pettigiani indicó que “debería establecerse como recaudo que dicha activa participación deba quedar supeditada a una colaboración ciertamente equivalente de otro Amicus Curiae en favor de la contraparte, como mecanismo para garantizar la igualdad de armas de las partes y procurar evitar desnaturalizar la bilateralidad del trámite en sus etapas culminantes”.

Además de Genoud y Pettigiani, la Corte bonaerense está integrada por Daniel Soria (presidente), Sergio Torres, Hilda Kogan y Eduardo De Lázzari.

En los últimos tiempos, especialmente en las causas judiciales vinculadas a la política y las gestiones de Gobierno hubo muchas presentaciones de “Amicus Curiae” en los procesos iniciados. Uno de los más conocidos fue el de la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, quien se presentó en tal condición en la causa vinculada al Hotel Waldorf.

Como se recordará, el mencionado hotel fue comprado por Osvaldo Sanfelice, ex socio del actual diputado nacional Máximo Kirchner. Para Stolbizer, esa operación formaba parte de un entramado de negocios cuya máxima responsable era la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.