Sábado 5.7.2025
10.6.2020. Para muchos integrantes de la Policía Bonaerense, el sólo hecho de saber que Guillermo Berra tenía en mano algunos de sus legajos era un presagio de que algo iba a andar mal en un futuro inmediato.
Efectivamente, Berra fue, nada más y nada menos, que el máximo jefe de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense durante la Gobernación de María Eugenia Vidal.
De acuerdo a la información judicial que se conoció este martes, el ex jefe de Asuntos Internos fue procesado en una causa que lo investiga por la presunta utilización de fondos públicos para obtener "información y haber almacenado datos" de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial. En otras palabras, se cree que Berra hizo espionaje ilegal.
La encargada de procesar al mandamás de la AGAI y a su esposa María Rosario Sardiña fue la fiscal de La Plata Cecilia Corfield, quien conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 15.
Según se supo, Corfield citó a indagatoria al matrimonio en cuestión para el próximo 29 de junio a las 10, acusados del delito de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado". Sardiña está implicada porque se desempeñaba como auditora sumarial especializada en investigaciones patrimoniales de la policía provincial.
La fiscal platense consideró que Berra y Sardiña obtuvieron "información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial".
Cabe señalar que la indagatoria contra ambos ex funcionarios de la gestión Vidal surgió luego de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por el ex comisario Néstor Martín.
En los primeros meses de 2016, con la flamante gestión Vidal en marcha, se acusó a Martín -en ese entonces jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense- por “inconsistencias” en su declaración jurada de bienes. En su momento, cuestión que trascendió la esfera pública, se lo señaló como el “policía millonario”.
Martín había declarado poseer siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que según Asuntos Internos “no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos”. Luego de ese contrapunto, tuvo que dejar su cargo.
Después de dejar la policía, llegó la contraofensiva de Martín: acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad, ya que merced a sus cargos obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.
“Para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados", dice la presentación de la fiscal Corfield.
El ex policía cree que Berra puso en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior.
Sin embargo, se cree que no solamente Martín y su entorno estaban en los procedimientos de inteligencia ilegales: hay también legisladores, jueces, fiscales, empresarios, entidades públicas provinciales y municipales y lo más grave: menores, es decir, los hijos de las personas a las que les interceptaron las comunicaciones telefónicas y que aparentemente están registradas en un disco rígido que está en manos de la Justicia.
