16.6.2020. El autorpoclamado secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Adrián De Marco, fue denunciado penalmente ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional para que se investigue su presunto delito de desobediencia, dado que el viernes último debía entregar el gremio a un interventor auxiliar de la justicia nacional para llevar adelante su normalización.
La denuncia contra De Marco fue impulsada por los jueces de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, María Dora González y Víctor Pesino, quienes en un fallo anterior habían dispuesto la intervención del sindicato. Precisamente, ese acto administrativo debía hacerse efectivo este viernes 12.
Para la intervención del gremio, González y Pesino propusieron a Julio César Simón, quien cuando se presentó el día pactado para recibir de manos de De Marco las llaves del edificio sindical y demás dependencias, como así también documentación, vehículos y teléfonos celulares, se encontró con la imposibilidad de llevar adelante la medida porque varios manifestantes y seguidores de la autoproclamada conducción se concentraron en el edificio central de Salta 534 (CABA) para impedir ese cometido.
“En la fecha dispuesta (12/06/2020) se apersonó el Interventor Judicial a fin de cumplimentar su cometido, se le ha impedido la entrada por personas presentes en el establecimiento, conforme surge del informe presentado por el Interventor ante el Escribano actuante”, escribieron los jueces en el escrito donde piden que De Marco sea juzgado por desobediencia.
En otro orden, se supo que el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, había emitido en marzo último un dictamen mediante el cual señaló que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, no tenía competencia para involucrarse en las elecciones de SOEME.
Como se recordará, las elecciones fueron llevadas a cabo el 5 de agosto último y consagraron como ganadora a la lista encabezada por De Marco, aunque con un detalle no menor: fue la única autorizada para competir.
Esa injerencia en la vida interna del gremio por parte de Kreplak mereció presentaciones judiciales por parte de la jueza laboral, Analía Viganó a quien finalmente la Procuración General de la Nación terminó por darle la razón.