Viernes 4.7.2025
17.6.2020. La Cámara Nacional Electoral resolvió este martes declarar la competencia del juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal para llevar adelante la causa en la que se investigan supuestos aportes irregulares a la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en 2015 y 2017 por parte del propietario de un lavadero industrial que, a su vez, es proveedor de la provincia de Buenos Aires.
Efectivamente, la Cámara en cuestión decidió enviar la causa a María Romilda Servini, la jueza con competencia electoral de Capital Federal, luego de que el juez federal subrogante de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Adolfo Ziulu, desistiera de hacerse cargo de la investigación.
La denuncia en cuestión fue promovida por los dueños de la empresa Apparel Argentina S.A., proveedora de la provincia de Buenos Aires del servicio de lavado industrial de ropa hospitalaria.
Apparel Argentina S.A. denunció en su momento que el dueño de una de las empresas competidoras en su rubro, ANCA S.A., había realizado aportes para la campaña electoral de Cambiemos que, como se recordará, llevó como primer candidato a senador nacional por la Provincia a Esteban Bullrich y a Graciela Ocaña en el primer lugar de la lista de diputados nacionales.
El aporte de dinero para las campañas electorales está prohibido para los proveedores. De comprobarse en la justicia tal proceder, Apparel pidió además que suspendan a su competidora ANCA S.A. como proveedora del Estado bonaerense.
Tal como lo señaló este portal en un artículo publicado el 19 de julio de 2018, el propietario de ANCA S.A. es Ricardo Andrelo, quien aportó dinero para las campañas electorales de 2015 (cuando Mauricio Macri ganó la presidencia y María Eugenia Vidal la Gobernación bonaerense) y 2017 de Cambiemos.
En su fallo, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, los jueces de la Cámara Nacional Electoral, indicaron que el director de la Dirección de Servicios al Usuario y Acceso a la Información y el Director General de Contrataciones de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires remitieron al juzgado federal a cargo de Ziulu la denuncia de Apparel Argentina S.A. “a efectos de evaluar la procedencia de la aplicación de sanciones”.
“El señor juez subrogante del juzgado federal con competencia electoral de Buenos Aires se declara incompetente por razón de territorio y remite la causa para su prosecución al juzgado federal criminal y correccional con competencia electoral de Capital Federal”, agregaron Dalla Via y Corcuera.
Contrariamente, la fiscalía platense interviniente en la investigación sostuvo que “la cuestión que aquí se ventila se encuentra regulada por la legislación local de la provincia de Buenos Aires, por lo que se debe disponer la incompetencia del juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal para entender en la presente”,
Sin embargo, la jueza Servini también se declaró incompetente, por lo que la Cámara tuvo que definir a cuál de los dos juzgados le correspondía seguir con la causa y determinó que sea la mencionada quien aplique, en caso de corresponder, las sanciones previstas en la Ley Electoral, la Ley de financiamiento de los Partidos Políticos y otras disposiciones complementarias.
En otro orden, como se recordará, en 2018 y tras una investigación del sitio web El Destape estalló el escándalo de los aportantes truchos de la campaña 2017 de Cambiemos. El primer cortocircuito fue el despido de la Contadora General de la Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, una funcionaria de máxima confianza de Vidal.
El despido de Inza tuvo su fundamento: fue la tesorera de la campaña de Cambiemos en 2017. Antes de desembarcar en la Contaduría (cargo que ocupó apenas tres días) estuvo al frente de la Secretaría Legal y Técnica bonaerense, siempre promovida por Vidal, quien en ese momento ejercía la presidencia del PRO en dicho territorio.
El mencionado sitio de noticias descubrió la falsificación de nombres de los aportantes de la campaña y la participación apócrifa de más de 800 personas, entre beneficiarios de planes y monotributistas sociales.
La entonces senadora provincial y actual ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, presentó en la justicia federal una denuncia contra dirigentes de la gestión Vidal para que los investiguen por la posible falsificación de documentación y lavado de dinero.
