Viernes 4.7.2025
17.6.2020. El ex director de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía bonaerense, Guillermo Berra y su esposa, María Rosario Sardiña, están cerca de ir a prisión luego de que el juez penal de La Plata, Guillermo Atencio, les negara el pedido de eximición solicitado oportunamente en el marco de la investigación por espionaje ilegal y abuso de autoridad que se les sigue en su contra.
Como se recordará, hace apenas una semana se destapó el caso de Berra y Sardiña (auditora sumarial especializada en investigaciones patrimoniales de la Policía bonaerense), cuando la justicia platense decidió procesar a ambos por la presunta utilización de fondos públicos para obtener "información y haber almacenado datos" de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial: en otras palabras, se cree que el matrimonio realizó espionaje ilegal.
“Esta gravedad institucional no puede permanecer ajena al tiempo de mensurar la entidad de los hechos y, a consecuencia, la viabilidad del beneficio impetrado”, escribió el juez Atencio en su fallo, que finalmente determinó “no hacer lugar al beneficio de eximición de prisión solicitado en favor de María Rosario Sardiña y de Guillermo Berra”.
Cabe señalar que Berra fue el máximo responsable de la AGAI de la Policía bonaerense durante la Gobernación de María Eugenia Vidal. Hace una semana fue procesado por la fiscal de La Plata Cecilia Corfield, quien conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 15.
Al respecto, Corfield citó a indagatoria al matrimonio en cuestión para el próximo 29 de junio a las 10, acusados del delito de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado".
La fiscal platense consideró que Berra y Sardiña obtuvieron "información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial".
La indagatoria contra ambos ex funcionarios de la gestión Vidal surgió luego de una investigación iniciada tras la denuncia presentada por el ex comisario Néstor Martín.
En los primeros meses de 2016, con la flamante gestión Vidal en marcha, se acusó a Martín -en ese entonces jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense- por “inconsistencias” en su declaración jurada de bienes. En su momento, cuestión que trascendió la esfera pública, se lo señaló como el “policía millonario”.
Martín había declarado poseer siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que según Asuntos Internos “no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos”. Luego de ese contrapunto, tuvo que dejar su cargo.
Después de dejar la policía, llegó la contraofensiva de Martín: acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad, ya que merced a sus cargos obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.
“Para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados", dice la presentación de la fiscal Corfield.
El ex policía cree que Berra puso en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior.
Sin embargo, se cree que no solamente Martín y su entorno estaban en los procedimientos de inteligencia ilegales: hay también legisladores, jueces, fiscales, empresarios, entidades públicas provinciales y municipales y lo más grave: menores, es decir, los hijos de las personas a las que les interceptaron las comunicaciones telefónicas y que aparentemente están registradas en un disco rígido que está en manos de la Justicia.
La ex gobernadora Vidal, como se sabe, desde este martes está en aislamiento total luego de haber confirmado que contrajo Coronavirus. Según allegados políticos que la acompañaron en su gestión, la causa Berra “le generó mucha preocupación y realizó las correspondientes consultas legales”.
Su preocupación no es para menos: las derivaciones que puede tener la investigación judicial siempre pueden desembocar en la cabeza de la administración, máxime si se trata de un delito tan grave como el espionaje ilegal.
