Domingo 6.7.2025
3.7.2020. A través de una Resolución, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso mantener las guardias mínimas y la profundización del trabajo remoto en los 35 municipios que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ratificando así lo dispuesto el 28 de junio por el presidente del cuerpo, Daniel Soria, cuando se decidió extender el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio inclusive como medida de protección para frenar el avance del Coronavirus.
La Resolución en cuestión, la Nro 706/2020 firmada por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lázzari y Luis Genoud aclara ademásque se reitera el deber de todos los órganos judiciales pertenecientes a los treinta y cinco municipios del AMBA de “respetar los tumos y guardias mínimas presenciales, debiendo profundizar la realización de actividades mediante trabajo remoto y el uso de las tecnologías de la información y comunicación disponibles a fin de maximizar la prestación del servicio de justicia y sin comprometer la mayor afluencia de personal”.
En la medida dispuesta por los jueces de la Suprema Corte, se hace mención a que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del DNU N° 576/20, dispuso la ampliación de la medida de distanciamiento social a todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, con excepción de treinta y cinco pertenecientes al AMBA, en donde se decidió un reforzamiento.
En esas medidas de restricción desde el 1 al 17 de julio inclusive, se incluye a las actividades exceptuadas sólo a las esenciales, “entre ellas, la prestación del servicio de justicia de tumo, conforme lo establezcan las autoridades competentes”.
Desde hace varias semanas, a contrario de lo dispuesto por la Suprema Corte, abogados bonaerenses han estado reclamando una ampliación de la prestación de servicios de justicia.
Recientemente, abogados penalistas de La Plata fueron en ese sentido a través de una Carta Abierta, al referirse a la “penosa situación por la que atraviesa el sector, debido a la desastrosa gestión de la administración de la justicia penal platense”.
“La magistratura penal ha privilegiado el aislamiento por encima de las garantías constitucionales, salvo contados jueces garantes y fiscales de instrucción”, señalaron, para luego expresar que “el trato displicente y arbitrario se ha convertido en un valor común, que se materializa en la prohibición de concurrir a los juzgados y fiscalías de turno a cotejar expedientes, controlar la prueba y demás menesteres propios de la defensa que debemos ejercer”.
