Viernes 4.7.2025
31.8.2020. Hace pocos días, en el Senado bonaerense se intentó ingresar algunas modificaciones al Código Procesal Penal de la Provincia, especialmente en lo vinculado a la Ley de Víctimas. Sin embargo, desde la oposición se advirtió que, de manera encubierta, el bloque de senadores kirchneristas pretendió resolver la cuestión carcelaria mediante la liberación masiva de presos.
Cabe señalar que la Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa; este último es el caso de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a lo indicado por voceros del mencionado cuerpo legislativo, la comisión de Legislación General que preside el senador kirchnerista Francisco Durañona y Vedia, se había acordado con los integrantes de Juntos por el Cambio “garantizar y asegurar a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
A su vez, se promueven políticas públicas para “fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y también a posteriori del mismo”.
Sin embargo, aclaran las fuentes, “algo pasó”: con la excusa de adecuar el Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017, Durañona y Vedia y sus compañeros del bloque K (que en el Senado no tiene mayoría) se introdujeron una serie de normas para beneficiar a los victimarios.
El abogado César Mayer, de la asociación civil Usina de Justicia, calificó ese dictamen de “burla”, “engaño” y “atropello a la dignidad de las víctimas, aquéllas a las que el ministro y los senadores oficialistas debieran proteger”. La alusión fue al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, a quien señalan de ser el impulsor de tales modificaciones al Código para obtener la excarcelación de la mayor cantidad posible de presos.
Mayer sostiene que el dictamen de minoría “no trata absolutamente nada sobre las víctimas”, que además “o las menciona”.
“La única vez que se refiere a ellas no es para otorgarles un derecho sino para recortárselos, porque dice que las asociaciones de víctimas solamente podrán actuar en favor de éstas cuando se trate de: delitos de lesa humanidad, violencia de género, femicidios o delitos contra el medio ambiente”, dijo el abogado.
En tal sentido, Mayer sostuvo que “las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la dictadura y las de femicidio o trata. Hasta los árboles y los animales merecen más compasión que el vecino asesinado en un robo”.
El abogado continuó con las críticas: “Por ejemplo, al particular damnificado -la víctima que se ha presentado en el proceso-, para pedir la detención o la prisión preventiva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. O sea, para pedirle al juez va a tener que poner plata, ofrecer un bien a embargo”.
“Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva, se le ordena al juez que siempre sustituya esa medida por otra menos gravosa, no importa el delito cometido, ni la prueba que haya contra el imputado: siempre la tiene que sustituir por otra que no implique la detención”, se indica en el dictamen de la comisión presidida por Durañona y Vedia, cuestión que mereció los cuestionamientos de Mayer.
Otros aspectos que se pretenden incorporar en las modificaciones al Código por parte del bloque K son los siguientes:
