Sábado 10.5.2025
4.10.2022. El ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fue sobreseído por la Justicia federal en la causa en la que era investigado por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión a empresarios de la construcción.
Efectivamente, según el juez federal de La Plata, Alejandro Esmoris, la acusación contra Medina y otros siete familiares suyos fue consecuencia de un armado instrumentado por la mesa judicial conocida como la “Gestapo”. La referencia tiene que ver a la recordada reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia, además del intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador platense Juan Pablo Allan, hablaron con empresarios de la construcción de cómo iniciarle causas judiciales al mencionado referente sindical.
"Lo primero que voy a pedir es que me devuelvan el cargo, para asumir como secretario general. Porque si no me devuelven el cargo van a quedar como antidemocráticos", dijo el “Pata” Medina apenas conoció la decisión judicial, palabras que dirigió a los manifestantes de la UOCRA que se acercaron hasta su domicilio ubicado en Punta Lara, Partido de Ensenada.
Por otro lado, el ex secretario general advirtió que si no le devuelven el cargo, "los compañeros se van a encargar".
"Cuando yo era Secretario General tenía el poder de los trabajadores para poder discutir en igualdad de condiciones con una multinacional", recordó.
Respecto a lo resuelto por el juez Esmoris, se pudo saber que la situación del gremialista “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando en causa 18933/21, por resultar consecuencia de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de un proyecto delictivo más amplio, que incluía la actuación ilegal de múltiples funcionarios con altísimos cargos gubernamentales, dispuestos a que se impute, procese y detenga con total prescindencia de las normas relativas al debido proceso y con afectación evidente de todos los principios rectores que inspiran la actuación de la justicia en el marco de cualquier Estado Republicano”.
Cabe recordar que, en un operativo sin precedentes en la ciudad de La Plata, el dirigente sindical fue detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien lo procesó por los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de dinero” y “extorsión” y además le trabó un embargo por 200 millones de pesos. En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de Punta Lara.
Un año después, en febrero de 2021, fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal Nro 2 de La Plata. En ese momento, el juez le fijó una serie de restricciones como la prohibición de salida del país, la de acercarse a las víctimas de los hechos por los cuales se lo acusa, y también de participar de actividades gremiales en la UOCRA u otras seccionales. Pero incumplió las medidas y volvió a quedar detenido en agosto de 2021, bajo prisión domiciliaria.
