5.9.2024. Ayer, mientras estaba reunido con el director provincial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), Héctor Lufrano, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, recibió una noticia de alto impacto político y “económico”: los allanamientos a los Juzgados Provinciales de Tránsito y a varias oficinas de su ministerio.
No obstante, la medida tiene algunos puntos oscuros: los procedimientos se hicieron después de las 14, hora de cierre de los juzgados. Además, ¿quépensaban que iban a encontrar en las oficinas?, dado que lo que deberían “allanar” es el sistema y la actividad de los usuarios del mismo.
Cabe señalar que los Juzgados Provinciales de Tránsito están ubicados en Bahía Blanca, Mar del Plata, Dolores, Junín (asiento en Chivilcoy), Lomas de Zamora, San Isidro (asiento en General Pacheco, Partido de Tigre), Merlo y La Plata.
En los últimos meses, el supuesto negociado con las abultadas multas que eran “salvadas” por gestores, hechos que generaron sospecha por la vinculación con los jueces provinciales de Tránsito, fueron los condimentos necesarios para avanzar en una investigación judicial.
En un principio, el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, tomó intervención tras la denuncia de un particular y solicitó informes tanto a los Juzgados Provinciales de Tránsito como a los de jurisdicción Municipal.
¿Por qué impacto político? Porque desde hace varias semanas, el ministro D’Onofrio viene siendo un punto de tensión con su jefe en el Frente Renovador, Sergio Massa. Como se sabe, el exministro de Economía y frustrado aspirante a la presidencia de la Nación es uno de los principales socios políticos del gobernador Axel Kicillof.
¿Por qué el “impacto económico”? Porque las sospechas de que los jueces provinciales de Tránsito, quienes dependen directamente de D’Onofrio, serían una especie de “recaudadores” de siderales sumas de dinero en forma diaria.
Al respecto, cabe recordar que este portal reflejó en varias oportunidades la complicada situación del ministro de Transporte bonaerense con respecto al tema de las multas y sus “beneficios a determinados infractores” que quedaron en la mira de la Justicia.
En efecto, en la Justicia penal de La Plata avanzó una investigación que comenzó con la denuncia de “procesos administrativos sospechosos” debido a multas que “desaparecieron” de los juzgados municipales de Tránsito para caer en manos de los Provinciales, especialmente el de la ciudad de La Plata. Y también en el de San Isidro.
Todos esos movimientos administrativos apuntan al responsable del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento La Plata, Mario Quatrocchi, quien cumple ese mismo rol en el Juzgado de San Isidro (con asiento en General Pacheco, Partido de Tigre).
Este funcionario logró sortear los cambios de gestión en la Provincia, dado que antes cumplía el mismo rol bajo la conducción del entonces ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre (hoy senador bonaerense de La Libertad Avanza), quien a su vez respondía a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal (PRO).
Una vez llegado Kicillof al Gobierno bonaerense, todo lo relacionado a Tránsito pasó a depender del flamante ministerio de Transporte creado en 2021 tras el “desembarco” de Martín Insaurralde y parte del Frente Renovador al gabinete luego de las primarias de 2021 con el fin de mejorar las chances en las elecciones generales de ese año.
D’Onofrio es, desde que asumió en Transporte, el responsable del accionar de Quatrocchi.
Ocurre que en los últimos meses hubo quejas de jueces municipales de Faltas ante el “puenteo” que les hizo Quatrocchi con las infracciones que tuvieron sentencia. El “modus operandi” del juez provincial consiste en tomar los casos en cuestión para realizar un nuevo acto administrativo con “beneficios” para los infractores: esto es, que una multa muy costosa pase a ser casi nula.
La Justicia penal de La Plata puso la lupa en un caso en el que un infractor fue condenado por jueces municipales a pagar multas millonarias por reiteradas infracciones en varios distritos bonaerenses, pero que luego de tomar intervención Quatrocchi se vio beneficiado con la realización de “tareas comunitarias o donación de alimentos a entidades benéficas”.
Las sospechas están centradas en un aspecto fundamental: la posible existencia de una “recaudación paralela varias veces millonaria comparada con la que debería ingresar por los caminos habituales”. Todo eso, en perjuicio de la administración pública.
El ministro @donofriojorge y el director provincial de @VTV_PBA, Héctor Lufrano, mantuvieron un encuentro con representantes de las plantas verificadoras.
— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 5, 2024
Analizaron el estado de cada planta y diagramaron acciones tendientes a brindar un servicio más ágil, moderno y eficiente. pic.twitter.com/47x5mcyUzu