Los despidos en Astillero Río Santiago pueden costarles varios millones de pesos a los bonaerenses

6.7.2018. ¿Quién se hace cargo de los despidos de funcionarios de carrera que pertenecen a empresas del Estado bonaerense? ¿Todos los bonaerenses? Y quien toma la decisión, en caso de ser equivocada y si la justicia así lo determina… ¿Se hace cargo del pago de ese juicio contra el Estado?

Estas dudas y consultas en diversos ámbitos gubernamentales y judiciales están circulando y dando vueltas desde hace unas semanas.

Todo comenzó al producirse los cambios de las autoridades en el Astillero Río Santiago de Ensenada, quienes por decisión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, desembarcaron en la empresa con la idea de ordenar su estructura y supuestamente generar nuevos contratos de trabajo para la planta naviera.

En mayo último, Vidal desplazó al entonces presidente Gabriel Curto y a once gerentes. El reemplazante fue el actual mandamás de la compañía, Daniel Capdevilla.

Por lo que pudo saber este portal, Capdevilla y los nuevos gerentes comenzaron a desplazar a funcionarios de carrera del Astillero, un par de ellos a punto de solicitar su jubilación.

“Algunos de los que les llegaron telegramas de despidos tienen entre 25 y 30 años de trabajo en el Astillero”, comentó una fuente de la empresa ubicada en la ciudad de Ensenada, que actualmente emplea a más de mil trabajadores que a su vez reclaman recomposiciones salariales y estabilidad laboral.

Otro de los datos aportados por voceros de la constructora naval es que las nuevas autoridades ya fueron notificadas de las demandas iniciadas por los desplazados: por ejemplo, en una de las mismas se reclama un resarcimiento de 15 millones de pesos, en donde pesan la antigüedad y el cargo ocupado, además de otros ítems que se incorporan tras producirse el daño que generan los despidos.

Lo que muchos quizás no saben es que si la administración provincial pierde juicios de ese tipo, el que pierde es el Estado. O sea, todos los bonaerenses.

Quedará por verse si los que toman decisiones cuando acceden al poder pagan alguna vez los costos de las mismas (específicamente, con dinero de sus bolsillos).