Viernes 19.4.2024
21.12.2018. Mediante un escrito conjunto, más de cuarenta intendentes de prácticamente todo el arco político de la provincia de Buenos Aires se presentaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la legalidad del cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene.
Los jefes comunales hicieron tal presentación basados en el claro propósito de “alentar el cumplimiento pleno de la Constitución Nacional, que establece la autonomía municipal, sobre todo a la luz de la reforma constitucional del año 1994, con la incorporación del artículo 123”.
"Pedimos que no haya un avasallamiento de la autonomía municipal", sostuvo uno de los intendentes presentes.
Seguidamente, los jefes comunales consideraron que la legalidad de la Tasa de Seguridad e Higiene "ha sido convalidada desde hace muchos años por toda la legislación de la Provincia de Buenos Aires" y cuestionaron los ataques a la carga impositiva de los municipios.
Cabe señalar que el escrito se presentó en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas por Axion-Esso contra la Municipalidad de Quilmes por la aplicación del tributo por inspección de seguridad e higiene, en la causa 1533/2017.
Los intendentes consideraron que la legalidad del cobro ha sido convalidada desde hace muchos años por toda la legislación de la Provincia de Buenos Aires. Empezando por la Constitución Provincial, siguiendo por la Ley Orgánica Municipal y llegando a toda la Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a partir del caso Nobleza Piccardo de 1995, que ha sido ratificado después en otros precedentes.
Seguidamente, los jefes comunales señalaron que “muchas veces se ataca al municipalismo diciendo que es el culpable de la alta presión tributaria de la República Argentina, dato que es absolutamente falso”.
“Solamente por desconocimiento de la cuestiones o por defensa de intereses corporativos se puede decir algo así ya que del total de ingresos de la Argentina, de ingresos de todos los sectores estatales del país, el 84.4 por ciento corresponden al gobierno federal, el 14.2 por ciento al conjunto de las Provincias argentinas y sólo el 1.4 por ciento a los más de dos mil ciento cincuenta gobiernos municipales de la Argentina. De tal manera que no tiene ningún tipo de fundamentación acusar al municipalismo de ser el culpable de la alta presión tributaria”, explicaron.
