Domingo 19.5.2024
5.3.2019. En la práctica, es un prestigioso abogado y, por ende, conocedor de los estamentos legales para dar cumplimiento a las exigencias. Sin embargo, podría decirse que a Carlos Alberto Martínez algo le salió mal o directamente intentó una pícara jugada administrativa al obviar ciertos requisitos al momento de solicitar el beneficio de la jubilación ordinaria.
Efectivamente, por una disposición del directorio del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, a Martínez le fue denegado el beneficio de jubilación ordinaria solicitada en el año 2007 y que estuvo percibiendo hasta hace unos meses, por lo que el organismo en cuestión declaró además como “legítimo” el cargo deudor que se practique por haberes percibidos indebidamente.
La medida dispuesta por el IPS se hizo “de conformidad con el artículo 61 del Decreto Ley N° 9650/80 (T. O. 1994), por todos los períodos que percibió haberes y hasta que se proceda la efectiva baja del beneficio transitorio, intimándose a que en el plazo de 10 días proponga forma de pago bajo apercibimiento de iniciar acciones legales”.
De acuerdo a lo indicado por el organismo previsional que preside Christian Gribaudo, Martínez “se presentó el 20 de diciembre de 2007, solicitando beneficio de jubilación, trayendo al cómputo servicios desempeñados en el Ministerio de Gobierno, en Gobernación, en el ex Banco Municipal de La Plata y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.
Cabe señalar que el mencionado solicitante de la jubilación ordinaria fue senador bonaerense por el Partido Justicialista por el período 1991-1999 (en ese tiempo, la intendencia platense estaba en manos de su jefe político, Julio Alak), luego pasó a ser subsecretario de Justicia bonaerense (en el gobierno de Carlos Ruckauf); más tarde diputado nacional (2001-2005); siguió como secretario general de la Municipalidad de La Plata (2005-2007) durante la intendencia de Pablo Bruera y desde fines de 2007 hasta 2011 trabajó como jefe de asesores del vicegobernador bonaerense Alberto Balestrini.
“El artículo 1° de la Ley N° 13.445 establece la opción para el acogimiento a un régimen previsional de carácter extraordinario para aquellos agentes en actividad, comprendidos en el régimen de la Ley N° 11.757 y Ordenanza N° 8620 de la Municipalidad de La Plata que al 31 de julio de 2003 revistaran en la planta permanente de la entidad financiera referida y siempre que contaren con 50 años de edad y 25 años de servicios al momento del ejercido de la opción pertinente”, especifica en sus fundamentos el IPS para denegar el beneficio.
Seguidamente, el organismo previsional señala que Martínez “no reúne los extremos exigidos por la norma citada, toda vez que no ha existido cese, pues a la fecha prevista por la normativa en estudio, continuó laborando en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta el 28/04/2009 y por ende no resultaba personal en actividad comprendido en el régimen de la Ley N° 11757 y Ordenanza N° 8620 de la Municipalidad de La Plata”.
En ese aspecto, el IPS fue taxativo: “La normativa invocada establece un régimen de excepción a los efectos de la obtención del beneficio jubilatorio, y por tanto resulta de aplicación restrictiva, no pudiendo extenderse su aplicación a supuestos no expresamente previstos, como el presente caso”.
Cabe recordar que el caso de Martínez se suma al de otro dirigente político de reconocida trayectoria en la ciudad de La Plata, Raúl Pérez, a quien el IPS lo intimó a devolver el dinero que cobró indebidamente por una jubilación.
