Grabado de autopartes de vehículos: ¿Método de seguridad o un negocio más para recaudar?

10.9.2019. El Registro Provincial de Verificación de Autopartes (RPVA) que funciona en territorio bonaerense fue pergeñado por un grupo de legisladores, funcionarios y asesores en la última etapa de Gobierno del justicialista Daniel Scioli.

Hoy intendente, el asesor gubernamental de entonces le reconoció a este portal que el fin de ese Registro “es recaudatorio” y que “en esa época –mediados de 2014 hasta las elecciones de 2015- pensábamos que iba a haber una continuidad del peronismo”. Como se sabe, en esas elecciones a gobernador triunfó la fórmula María Eugenia Vidal-Daniel Salvador (Cambiemos) y lo que supuestamente estuvo pensado para ser manejado se diluyó.

Sin embargo, con un parque automotor estimado en cinco millones de unidades, setenta (70) plantas de grabado distribuidas en todo el territorio y el cobro de 1500 pesos por unidad para prestar el servicio, para la flamante gestión de Vidal resultó ser una buena fuente de ingresos netos.

Además del grabado de autopartes, los bonaerenses tienen otro costo con sus vehículos (sin contar el pago de la patente, seguro y demás gastos): la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que se realiza anualmente a partir de los dos años de antigüedad de cada 0 Km. Por un automóvil liviano hay que pagar alrededor de 1.100 pesos.

“Para dar cumplimiento con lo dispuesto por la ley 14.497, únicamente todo vehículo radicado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, debe realizar el grabado indeleble del número de dominio en puertas, capot y baúl”, se indica en la página institucional del RPVA.

El trámite del mismo es obligatorio, de modo que ningún particular o empresa están exentos. Quienes poseen un 0 Km tienen 30 días desde su patentamiento para concurrir a grabar el vehículo para no estar en infracción a la ley; y en cuanto a los autos usados deben concurrir según el cronograma estipulado por la ley.

Cabe señalar que el RPVA depende del ministerio de Seguridad bonaerense y, como autoridad de aplicación, no sólo controla la obligatoriedad del grabado sino también controla a los comercios dedicados a la compra y venta de autopartes nuevas y/o usadas, registrándolos y auditándolos.

“De esta manera se cierra el círculo para una eficaz prevención del delito de robo y venta de autopartes ilegales”, señalan en el ministerio que conduce Cristian Ritondo.

En la provincia de Córdoba, la experiencia no fue muy buena: la Cámara de Empresarios de Repuesto Automotor y Afines de Córdoba (CERAC) le pidió al Gobierno de Juan Schiaretti que “dé completamente de baja el sistema obligatorio de grabado de autopartes y no se trate simplemente de una suspensión”.

El pedido de CERAC se basó en que la empresa concesionaria del servicio, Grababus SRL, había evadido al fisco por 40 millones de pesos. Por ese motivo, la administración Schiaretti la suspendió.

“Tal como lo corroboran distintos indicadores, el mecanismo está lejos de dar los resultados esperados y, por el contrario, implica una carga adicional en el costo de los propietarios de vehículos, tanto personas físicas como empresas”, explicaron desde la mencionada entidad.