Viernes 19.4.2024
25.11.2019. Una orden de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, sumada a la ausencia de fondos provenientes de Nación resultaron ser el combo perfecto para complicar aún más la situación de los proveedores del Estado provincial.
En el marco de la transición de su Gobierno y el que encabezará Axel Kicillof a partir del 10 de diciembre, Vidal dio la orden de que la colaboración con los enviados de la nueva administración “sea lo más ordenada posible”.
Según se escuchó decir a los colaboradores más cercanos de Vidal –encabezados por su Jefe de Gabinete, Federico Salvai-, la idea es que las críticas de Kicillof no se centren en la economía, especialmente en lo relacionado a la falta de fondos en las cuentas públicas para poder hacer frente a las obligaciones.
“Técnicamente, Vidal hizo que congelemos algunos pagos a proveedores”, le dijo a este portal una alta fuente del ministerio de Economía, en cuyo edificio también funcionan la Contaduría General y Tesorería General. El agravante es que Gobernación tampoco recibe fondos provenientes de Nación para atender otras demandas, como por ejemplo las vinculadas a obras que la administración del presidente Mauricio Macri encaró en forma conjunta con la Dirección General de Cultura y Educación.
Con la rigidez impuesta por la gobernadora, comenzaron a producirse varios problemas internos en los organismos encargados de satisfacer las demandas de pago a proveedores: en las últimas semanas, aumentaron considerablemente las consultas de los habituales representantes de las empresas prestadoras de múltiples servicios a la Provincia. Producto de esa situación, ante la falta de respuestas y el aumento de las tensiones, hubo amenazas de renuncias por parte de algunos funcionarios de Contaduría y Tesorería que más tarde fueron desestimadas.
El problema de los representantes de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) tiene una obvia razón: atender los salarios de sus empleados y las obligaciones impositivas.
“La decisión de frenar los pagos por parte de Vidal nos está generando muchos problemas con los trabajadores, lo que nos lleva a analizar posibles suspensiones hasta que cobremos por nuestros servicios”, señaló un empresario que ganó una licitación en el ministerio de Salud.
En ese sentido, voceros de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (FEMAPE) también expresaron su preocupación por la situación, que “sin dudas pone en serio riesgo a las empresas proveedoras”.
El riesgo es el de siempre, es decir, que ante la imposibilidad de cobrar sus servicios las empresas se vean en la obligación de suspender o despedir al personal. Según se supo, la decisión de Vidal es hasta el momento inflexible, lo cual abre todavía más el interrogante respecto a cuál será el destino inmediato de cientos de trabajadores.
