Viernes 19.4.2024
29.11.2019. Transparencia. Cuentas claras y públicas. Declaraciones juradas. Contrataciones irreprochables.
Conceptos y definiciones de ese estilo fueron parte de la campaña con la que Cambiemos sedujo al electorado en 2015, con dirigentes atentos a la demanda social de entonces, en donde las denuncias de corrupción eran moneda corriente en los medios de comunicación.
El combate a la corrupción se convirtió en la herramienta de campaña del entonces candidato a presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien tuvo en su bendecida María Eugenia Vidal una más que fiel coequiper al momento de insistir con ese discurso.
Consumado el triunfo de Macri, llegó el momento de la acción en pos de dar cumplimiento a lo prometido.
Sin embargo, algo raro comenzó a vislumbrarse en el procedimiento del flamante Gobierno nacional: el requisito indispensable para ocupar el cargo máximo de la Oficina Anticorrupción era –y lo es- contar con el título de abogado.
Para esa función, el flamante presidente había elegido a una de sus más fieles admiradoras: Laura Alonso. Recién finalizado su mandato como diputada nacional, la referente del Pro necesitaba otro trabajo y le fue ofrecida la misión de ser la encargada de investigar los hechos de corrupción de su propio Gobierno.
En definitiva, Alonso debía investigar a su propio jefe. Demás está decir que a pocos días de dejar la presidencia, Macri y sus funcionarios nunca fueron incomodados por la jefa de la Oficina Anticorrupción.
A pocos meses de estar ejerciendo la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, Vidal propuso llevar a la práctica algo parecido al esquema de Nación, aunque la diferencia sustancial era que el supuesto combate a la corrupción se iba a hacer de modo interno.
Esto es: la gobernadora decidió llamar al área en cuestión con un nombre más glamoroso: Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), la cual funciona desde entonces dentro del área del ministerio de Justicia que comanda Gustavo Ferrari.
Para el cargo en cuestión, Vidal propuso a un referente de la Unión Cívica Radical de Ensenada, Luis María Ferella, quien ya había cumplido funciones en el Gobierno de la Ciudad bajo las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde 2016 a la fecha, Ferella se limitó a firmar convenios marco de cooperación en la búsqueda de transparencia (la mayoría, con municipios amigos como Vicente López, Tres de Febrero y Pilar) que no condujeron a nada y solamente sirvieron para engrosar las comunicaciones del Boletín Oficial.
Hace unos meses hubo un atisbo de investigación de un hecho de corrupción por parte de la oficina de Ferella: era, casualmente, un caso vinculado a un supuesto funcionario del intendente de Ensenada, el kirchnerista Mario Secco, quien en un audio admitía haber “dibujado” unos números del presupuesto para ser presentados ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.
La denuncia fue motorizada por radicales ensenadenses encabezados por el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Gustavo Asnaghi, a quien Secco venció en 2015 y recientemente en octubre.
A sabiendas de que el papelón institucional iba a ser evidente, Ferella y Asnaghi acordaron no continuar con la operación política.
En definitiva, Macri con Alonso en Nación y Vidal con Ferella en Provincia tuvieron las espaldas muy bien cubiertas en materia de corrupción. Para sus subordinados, ambos tienen un 10.
