Por Ley, los tres poderes del Estado bonaerense están obligados a expresarse en un "lenguaje claro"

7.10.2020. El Gobierno bonaerense oficializó este miércoles la Ley que obliga a todas las áreas administrativasbajo su dependencia y a los demás poderes del Estado a “expresarse en un lenguaje claro”. La normativa en cuestión fue sancionada por la Legislatura el 10 de septiembre último.

Al respecto, según explicaron en la Legislatura bonaerense, con esta nueva ley se pretende garantizar a la ciudadanía la comprensión de la información pública y “promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales”.

“Se entiende por lenguaje claro, el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano”, dice el segundo artículo de la Ley en cuestión, que lleva el Nro 15.184 y fue publicada en el Boletín Oficial.

En tal sentido, en dicho artículo se señala que “un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades”.

Entre los objetivos del lenguaje claro, según dicha Ley, están: a) Reducir errores y aclaraciones innecesarias; b) Reducir costos y cargas para el ciudadano; c) Reducir costos administrativos y de operación para las entidades públicas; d) Aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos; e) Reducir el uso de intermediarios; f) Fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas por parte del Estado; g) Promover la transparencia y el acceso a la información pública; h) Facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana; i) Generar confianza en la ciudadanía, limitar ambigüedades y proveer comunicaciones efectivas.

La Ley especifica que su ámbito de aplicación serán los tres poderes del Estado que lo constituyen (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus organismos descentralizados o autárquicos, los organismos de la Constitución Provincial, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado Provincial, y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.