Viernes 26.4.2024
6.1.2022. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Provincia de Buenos Aires se presentó como querellante en la causa -conocida como la “Mesa Judicial”- que investiga la supuesta comisión de delitos por parte de un sector del Poder Judicial y del poder político durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y de la presidencia de Mauricio Macri.
De acuerdo a lo que trascendió públicamente tras conocerse una de las reuniones de dicha “Mesa Judicial”, desde el ámbito gremial en cuestión se cree que tuvo como objetivo “desprestigiar y atacar a las organizaciones sindicales para allanar el camino hacia la expoliación de los activos públicos”.
“Uno de esos casos se dio en el Astillero Río Santiago y es el que motiva el ingreso de ATE, a través del área de Asesoría Legal, como querellante”, señalaron los dirigentes sindicales que dieron cuenta de la presentación como querellantes en la causa que investiga la justicia federal.
Al respecto, ATE Provincia indicó que padeció una denuncia por coacción y daños que, indicaron, “no tiene sustento y es un ejemplo más de la ofensiva de las gestiones neoliberales para desarticular cualquier tipo de resistencia frente a una eventual privatización”.
Así lo explicó el asesor legal de ATE provincia de Buenos Aires, Marcelo Ponce Núñez, en el marco de la conferencia de prensa que se llevó adelante este jueves por la mañana en la sede provincial ubicada en calle 8 entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata.
“Hemos realizado las presentaciones correspondientes tanto en el juzgado de Garantías 5 en la provincia como en el juzgado federal Nro 3. No podemos permitir que en un sistema democrático puedan suceder estas cosas”, dijo Ponce Núñez.
Seguidamente, el abogado de la entidad sindical sostuvo que a partir de la aparición de videos y documentos que se han reunido se “demuestra que las causas fueron armadas, lo que significa que tenían intencionalidad política y no intencionalidad jurídica”.
En tanto, el secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, dijo que “hemos presentado un escrito y hemos incorporado a la causa que tengo yo junto con (el secretario general de ATE Ensenada) Francisco Banegas por coacción agravada y amenazas entre otras cosas la aparición de documentos y videos”.
En ese sentido, detalló que “el video es prueba de que la causa que tenemos fue armada. Es muy importante para ampliar la prueba ya que la causa tiene origen cuando realizamos la permanencia pacífica en el ministerio de Economía en el proceso de lucha y defensa del Astillero”.
“Esta prueba deja en claro, por si ya no lo estaba, que se trata de una causa armada con el objetivo –como lo dice el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en el video- de perseguir dirigentes gremiales y destruir a las organizaciones sindicales”, agregó De Isasi.
Seguidamente, el referente de ATE Provincia sostuvo que “en nombre de ATE y de la CTA-A expresamos la indignación frente a estas pruebas que demuestran el objetivo que tuvieron los gobiernos neoliberales de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri de destruir las organizaciones sindicales en connivencia con los grupos económicos, parte del poder judicial y parte del poder político para avanzar en la concentración de la riqueza cada vez en menos manos”.
Frente a todo ello, ATE y la CTA-A respaldaron el pedido de juicio político de la Legislatura al Procurador General bonaerense Julio Conte Grand y exigió que “todos aquellos que hoy tienen vinculación, tienen cargo, y están relacionados con pruebas a la Mesa Judicial de Vidal sean apartados de manera inmediata”.
Finalmente, Francisco Banegas, advirtió que “para el gobierno de Vidal nuestros derechos eran privilegios, pero a ese atropello se nos sumó una causa. Nos persiguieron, pero no iban contra un dirigente, sino contra los sindicatos que es la herramienta de lucha que tenemos los trabajadores”.
La “Gestapo” de Vidal
Al respecto, cabe recordar que la “Gestapo” (sigla de Geheime Staatspolizei, la policía secreta estatal de la que se valió la Alemania nazi para investigar y combatir todas las “tendencias peligrosas” para el Estado) -o “Gestapro” según algunos medios- surgió a partir de los dichos del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, durante una reunión con el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador platense Juan Pablo Allan; su colega de Infraestructura, Roberto Gigante; el subsecretario de Justicia, Adrián Grassi; empresarios de la construcción y agentes de inteligencia.
“Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte- si yo pudiera tener una gestapo, una fuerza de embestida, lo haría”, dijo Villegas en la reunión de la también denominada “Mesa Judicial”, la cual se llevó a cabo el 15 de junio de 2017.
Además de los mencionados, en al menos esa reunión también estuvieron Marcelo Jaworski, director general de COPETRO (la empresa de Ensenada cuestionada por la comunidad por la contaminación que genera con el carbón de coque); Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, y otras seis personas.
Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que tres personas sentadas en la mesa y presentadas como "Diego", "Sebastián" y "Darío" -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.
En el marco de la investigación judicial, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó allanamientos en las oficinas del intendente Garro; el senador Allan y de Grassi, ahora funcionario porteño.
