Viernes 19.4.2024
14.5.2022. El juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Martínez De Giorgi, solicitó a su par de La Plata que está a cargo del Juzgado Federal Nro 3, Ernesto Kreplak, que le envíe la investigación conocida como la causa “Gestapo”, por la que a fines de abril último dictó el procesamiento sin prisión preventiva, pero con un embargo de diez millones de pesos sobre sus bienes, al ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; al intendente de La Plata, Julio Garro, y al senador bonaerense de Juntos por el Cambio por La Plata, Juan Pablo Allan.
Villegas era el ministro de la gobernadora María Eugenia Vidal y, junto a otro ministro, el de Infraestructura, Roberto Gigante; además de Garro y Allan, participaron de la denominada mesa anti sindical o Gestapo que el 15 de junio de 2017 se reunió en la sede del Banco Provincia. Además de los mencionados, estuvieron empresarios de la construcción de La Plata, el subsecretario de Justicia, Adrián Grassi y agentes de inteligencia.
El expediente que está en manos de Kreplak analiza lo sucedido en la sede que el Banco Provincia posee en Capital Federal. En esa reunión de junio de 2017 se habló de una “Gestapo” anti sindical, dado que se cree que todo fue para trabajar en el armado de denuncias para luego poder armar causas judiciales contra el entonces secretario general de la UOCRA Seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
Como se sabe, en septiembre de ese mismo año, Medina fue detenido por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella.
En tanto, Martínez de Giorgi sostuvo que su investigación abarca los hechos ocurridos en la sede del Banco Provincia, en la Capital Federal -competencia territorial de Comodoro Py-, y que varios de los ex agentes de la AFI imputados en La Plata ya están imputados en una megacausa de espionaje.
Subrayó además que entre las víctimas que habrían sido espiadas en la cárcel también estaba el “Pata Medina”, eje de la denuncia que tramita en la capital bonaerense.
Al respecto, cabe recordar que el juez porteño está a cargo de una causa que investiga si existió espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri a distintos políticos, periodistas, sindicalistas y jueces.
“Los procesos no pueden ser escindidos e imponen la necesidad de que un único juez concentre en una misma causa la investigación de todos los hechos, analice sus distintas pero estrechas aristas fácticas y probatorias y, desde esta perspectiva, realice su encuadre jurídico acorde con la gravedad y mayor amplitud de los sucesos ventilados en el marco de la causa nro. 14149/2020, por la que ya han sido cautelados algunos de los sujetos allí imputados”, indicó Martínez de Giorgi en el escrito para justificar su pedido a Kreplak.
En tanto, hay que recordar también que el fiscal Franco Picardi se había opuesto a que el caso pase a los tribunales de Comodoro Py 2002, cuando se le pidió opinión por la inhibitoria solicitada por el ex responsable de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Di Stefano. Por eso se descuenta que tanto el Ministerio Público como la querella del “Pata” Medina apelarán esta decisión. Además, desde La Plata, defenderán la potestad de seguir al frente de la investigación: hasta ahora habían rechazado los pedidos para remitir el tema a los tribunales porteños.
Pero con las futuras apelaciones de la decisión tomada por Martínez De Giorgi, el caso será revisado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah. Con la disidencia de Farah, Llorens y Bertuzzi habían firmado en diciembre pasado el fallo que sostuvo que la AFI macrista no constituyó una “asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”. Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp denominado “SuperMarioBross”. Aunque el fallo no utiliza el término, la hipótesis es que esos agentes sí actuaban como “cuentapropistas” para futuras extorsiones.
El 22 de febrero pasado, Martínez De Giorgi decidió ordenar casi medio centenar de medidas de prueba, que incluían oficios, informes y testimoniales. Entre esos puntos, el juez pedía a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que le enviara el video de la “Gestapo”.
Caamaño, en diciembre último, dijo haber encontrado ese video en una computadora vieja de la AFI y decidió denunciarlo en la justicia federal de La Plata. El hallazgo fue denunciado una semana después del fallo sobre la no asociación ilícita de la AFI, que indignó públicamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el comienzo se puso en duda la competencia de La Plata para investigar esa denuncia teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Y porque ya estaba el antecedente de criterio de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que la causa por espionaje ilegal que nació en Lomas de Zamora debía pasar a Comodoro Py porque precisamente las órdenes para hacer espionaje ilegal habrían salido de las oficinas de la AFI, a metros de la Casa Rosada. Esa es la investigación que ahora conduce Martínez De Giorgi.
El fallo señaló que “las reglas de conexidad establecen que un único juez podrá entender en diversos procesos cuando éstos se encuentren vinculados debido a las personas o los hechos materia de investigación, a fin de asegurar un único juzgamiento y evitar soluciones contradictorias. Es decir, que la acumulación de dos o más procesos se produce cuando éstos comparten elementos comunes, sea por la identidad de sus intervinientes o por el objeto sobre los cuales versan. Y tal como lo reconoce el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, existen puntos de contacto entre ambos expedientes, tales como las calificaciones legales provisorias -infracciones a la Ley 25.520-, que Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra (ex agentes de la AFI) se encuentran imputados y que Juan Pablo Medina aparece como víctima en ambos”.
A criterio de Martínez De Giorgi, “la lectura de las actuaciones revela que en el expediente 18.933/2021 (de La Plata) se investigan conductas que habrían tenido lugar en el año 2017, por parte de tres agentes de la AFI, entre otros sujetos, dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a Juan Pablo Medina, allegados y a la UOCRA Seccional La Plata. Como hipótesis delictiva, se incluyó el desarrollo de tareas de inteligencia ilegal, llevadas a cabo por integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia sobre él y parte de su entorno. Pero además de ello, se observa que muchas diligencias probatorias tuvieron lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia, Casa Rosada y sede del Banco Provincia ubicada en CABA). A ello se suma que se determinó que la reunión del 15/6/17, que motivara la denuncia que dio origen a la causa 18933/21, se llevó a cabo en esta urbe (sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en calle San Martín n° 137 de CABA)”.
Como se señaló, el 28 de abril, Kreplak procesó a varios ex funcionarios: Villegas (autor de la frase´: “Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte- si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida, lo haría”), Garro, Grassi, Allan, y a los ex directivos de la AFI: De Stéfano, Darío Biorci y Dalmau Pereyra.
A todos los acusó de de realizar tareas de inteligencia prohibidas, previstas en el artículo 43° de la Ley de Inteligencia, y del delito de prevaricato.
La investigación comenzó a apuntar hacia otros investigados, entre ellos la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a quien el juez ya investigaba los llamados y sus computadoras; y también a la ex conducción de la AFI.
