Sábado 27.7.2024
28.12.2023. La Municipalidad de La Plata evalúa la aplicación de biométricos para controlar el ingreso de los empleados comunales, en el marco de la denuncia de la gestión entrante de Julio Alak contra la saliente de Julio Garro con relación a una planta municipal “muy inflada”. Este medio consultó la noticia con el área de prensa de la comuna y no fue desmentida.
En tanto, desde los gremios que representan a los trabajadores municipales no se han expresado hasta el momento.
Al momento de la jura como intendente, Alak había sostenido que “volvemos a asumir en tiempos difíciles, con la tarea de reconstruir la estructura municipal, que pasó de 3800 empleados que teníamos en 2007 (a fines de ese año dejaba el municipio tras ser derrotado por Pablo Bruera) a 12 mil en 2023”.
A su vez, aseguró que se pasó “del mejor salario de la Provincia a estar entre los peores”, para luego adelantar que irá “por una ciudad austera, moderna y participativa”.
Cabe recordar que el ingreso de personal por sistema biométrico es la misma decisión que había sido tomada por la gobernadora bonaerense de entonces, María Eugenia Vidal, en el año 2017. En aquella época, la medida comenzó en la Casa de Gobierno y el Ministerio de Economía, donde este año, durante la campaña electoral, aparecieron carteles recordando aquella iniciativa, que generó críticas de los gremios estatales.
En aquel momento, los sindicatos sostuvieron que afectaba derechos adquiridos al reinstalar el plus por presentismo e imponer sanciones y hasta descuentos, y recordaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo califica como “una forma de explotación laboral”. Por ese motivo, en la actualidad el plus se transformó en una bonificación que cobran todos los trabajadores.
Al anunciarse la medida, el entonces titular del gremio UPCN, Carlos Quintana, dijo al diario Tiempo Argentino que “el Estado tiene el derecho de poner cualquier sistema que controle el ausentismo pero esto tampoco significa que el trabajador trabaje: puede pasar el dedo y no trabajar, así que no tiene ningún sentido”.
Por su parte, desde ATE Provincia advirtieron que hay otros mecanismos, como las tarjetas y planillas, y mostraron reparos por el uso que podría hacerse de los datos.
“Nos preocupa que en Obras Públicas los datos de los trabajadores los manejará una empresa privada. Además sabemos que detrás de todo está el presentismo y que se apunta a quitar derechos adquiridos, como está pasando en ARBA con la licencia por maternidad”, sostuvo la entonces secretaria de Acción Política, Griselda Cavaliere.
