Diputadas y diputados van de cuarto en cuarto… intermedio

2.2.2024. Hay un nuevo cuarto intermedio en la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del extenso debate de la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno de Javier Milei, que durante este último jueves acercó algunas posiciones con el máximo objetivo de lograr su aprobación.

De acuerdo a lo indicado o resuelto al caer la noche del jueves, la sesión se retomará este viernes a las 10.

Mientras tanto, como se sabe, la intención de la administración Milei es tratar de que la ley se apruebe lo más pronto posible, por lo que aceptóvariasmodificaciones sugeridas por los bloques más dialoguistas.

Tema aparte fueron los disturbios que se produjeron en las inmediaciones del Palacio del Congreso, producto del enfrentamiento entre manifestantes (en su mayoría, integrantes de partidos de izquierda) y efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Cabe recordar que la de este jueves fue la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus, siendo que la primera comenzó el miércoles a las 10 de la mañana y también terminó en un cuarto intermedio sin definiciones.

Según se supo, oficialismo y oposición continúan negociando los artículos clave sobre los que aún no hay acuerdo, como ser la potestad de tomar y reestructurar deuda, las privatizaciones y los cambios en seguridad.

Paralelo a esas discusiones, siguen las diferencias internas en los bloques dialoguistas, que juegan un rol determinante para conformar una mayoría que avance con la media sanción. Dentro de la UCR, un sector referenciado en Facundo Manes(quien en la noche del miércoles dio a conocer su postura contraria a Milei con una encendida exposición) se muestra irreductible y rechaza darle al gobierno facultades delegadas y pretende que las privatizaciones se debatan “ley por ley” en el Congreso.

A su vez, Hacemos Coalición Federal (HCF) terminó optando por dar libertad de acción a la hora de la votación de los artículos en particular. Los dos diputados socialistas y Natalia De la Sota quieren rechazar el proyecto en general y particularmente las privatizaciones. La Coalición Cívica se muestra inflexible sobre las facultades delegadas, que su fuerza política siempre rechazó. Por último, los diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Martín Llaryora, siguen amenazando con restar apoyos si no se atienden los reclamos de los mandatarios provinciales, a quienes el Gobierno les prometió un nuevo pacto fiscal.

Por otro lado, el tema de la deuda se volvió en una cuestión que generó tensiones: el oficialismo decidió mantener la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como “Ley Guzmán”, que ponía límites a la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Sin acuerdo con el radicalismo y HCF, ese punto se encamina a ser rechazado ya que defienden la potestad del Congreso de controlar al Ejecutivo.

En cuanto al capítulo de las privatizaciones, se llevaron a cabo cambios sustanciales en lo referente a las empresas del Estado. La propuesta inicial la acercó el diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, y la respuesta del Gobierno fue bajar de 36 a 27 las empresas para privatizar y acotar la delegación de poderes.

De la lista de empresas privatizadas se quitaron Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio. Además, el Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT fueron habilitadas para privatizar parcialmente.

Esa contrapropuesta fue determinante para reencausar las negociaciones, bajar el nivel de tensión y conseguir el respaldo de la oposición dialoguista para dejar avanzadas las tratativas para que este viernes, cuando se reanude el debate, haya un consenso amplio que permitan que se aprueben los principales artículos de la ley

Mientras todo eso sucedía puertas adentro, en las afueras del Congreso se veía a manifestantes de los sectores de izquierda que eran reprimidos por la Policía, que aplicó el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Enterados de los incidentes,los bloquesde Unión por la Patria y la izquierda pidieron un cuarto intermedio que finalmente no fue concedido.