Viernes 26.4.2024
3.6.2019. El entonces suboficial de la Policía bonaerense, Patricio Miguel Masana, se hizo famoso por un hecho delictivo: el 2 de marzo de 2016 participó como líder de una banda que ingresó con armas a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro, en donde maniataron a su esposa e hijas para robar joyas y una cantidad nunca especificada de dinero, que siempre se dijo que era varias veces millonaria.
A más de tres años de ese robo, con Masana preso y a la espera del juicio oral que se realizará en junio de 2020, el Tribunal de Cuentas bonaerense le aplicó una simbólica multa de 10.298 pesos por violar la ley de administración financiera.
Según el Expediente N° 21100-419638-2015-0-1 del Tribunal que preside Eduardo Grinberg, el ex policía fue declarado patrimonialmente responsable por transgredir los artículos 112 y 114 de la Ley de administración financiera –la Nº 13767- por lo que se le formuló el exiguo cargo pecuniario.
De la condena económica impuesta, se desprende que Masana violó los artículos de responsabilidad administrativo patrimonial, que en su artículo 112 dice que “todo acto u omisión que viole disposiciones legales o reglamentarias y que ocasione un daño económico a la Provincia importará responsabilidad solidaria para quienes lo dispongan, ejecuten, intervengan o controlen”.
“El funcionario que reciba orden de hacer o no hacer, que implique transgredir aquellas disposiciones, está obligado a advertir por escrito al superior de quien reciba la orden acerca del carácter de la transgresión y sus consecuencias y el superior está obligado a responderle también por escrito”, agrega el artículo en cuestión.
Seguidamente, explica lo que seguramente Masana no hizo: “En caso que el superior insista, no obstante dicha advertencia, el funcionario cumplirá lo ordenado y comunicará la circunstancia a la autoridad máxima del Organismo o Ente y al Contador General de la Provincia, quedando a salvo su responsabilidad”.
El entonces suboficial bonaerense prestaba servicios en la Comisaría 1ra de La Plata, en pleno centro de la ciudad. Allí cumplía el rol de administrador y recibía las jugosas partidas por el pago de horas extras (o adicionales) conocidas como POLAD provenientes de distintos edificios administrativos bonaerenses.
El Tribunal de Cuentas, en este aspecto, lo responsabilizó por no cumplir el artículo 114 de la mencionada ley; que dice que “todo agente, como así también toda persona que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador; o que administre, utilice, guarde o custodie dinero, valores u otros bienes o pertenencias del Estado Provincial, con o sin autorización legal, está obligado a rendir cuenta documentada o comprobable de su utilización o destino”.
Cabe recordar que el ex policía será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, que está integrado por las juezas Carmen Palacios Arias, María Isabel Martiarena y el juez Ezequiel Medrano.
La elevación a juicio fue solicitada por el juez penal Guillermo Atencio a pedido de la fiscal que intervino en el caso, Virginia Bravo.
Los cargos con los que Masana irá imputado al juicio son los siguientes: “robo agravado por el uso de arma y por su condición de integrante de una fuerza de seguridad, tenencia ilegal de arma de fuego y comercialización de estupefacientes”.
Aquél 2 de marzo de 2016, dos fueron los hombres que ingresaron a la casa que Garro posee en el Country Grand Bell, quienes nunca fueron encontrados. Masana, como muchos recordarán, era su vecino y vivía al lado: los esperaba en una lujosa camioneta que estaba estacionada en la puerta del domicilio del intendente para llevarlos, junto a lo que habían robado, a un lugar desconocido.
