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13.11.2020. Una veintena de asociaciones de consumidores se presentaron en la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado bonaerense que preside la senadora del Frente de Todos, Gabriela Demaría, para solicitarle que se evalúe la posibilidad de constituir una Comisión Bicameral, u otro instituto parlamentario conducente, a fin de revisar y analizar íntegramente los tarifazos eléctricos implementados por el Gobierno de María Eugenia Vidal.
El pedido de las entidades se basa en un informe elaborado por la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires, el cual fue entregado a la mencionada legisladora.
Al respecto, las asociaciones de consumidores destacaron que del pormenorizado informe elaborado por el Poder Ejecutivo bonaerense sobre la Revisión Tarifaria Integral (RTI) llevada adelante en 2017 se desprende que las Empresas Privadas Eléctricas (EDELAP, EDES, EDEN y EDEA):
1.- Efectivizaron excesivos aumentos en las facturas de los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) que van entre el 2000 % y el 3500 % en solo 3 años.
2.- Las cuatro distribuidoras tuvieron un extraordinario crecimiento patrimonial, con un correlato en el crecimiento de los resultados netos, los que aumentaron entre 498 % y 644 % entre los años 2015 y 2018.
3.- La distribución de dividendos, entre 2016 y 2019, medida en dólares, aumentó un 1.832 % punta a punta.
4.- Las fabulosas ganancias obtenidas por las cuatro empresas no se tradujeron en mayores inversiones, ya que las inversiones comprometidas representan el 48% de las necesarias para el sostenimiento del servicio.
5.- Se observan muy bajos niveles de cumplimiento en las inversiones comprometidas que oscilan entre 46 % y un 61 % en los años 2017 a 2019, además de sobreestimarse las que se realizaron y de un nulo control de ellas por parte de la Autoridad Regulatoria.
6.- Hubo estimación errónea de la antigüedad de los activos que redundó en mayores ingresos para las empresas (la metodología utilizada para valorizar la base de capital, supone que todas las instalaciones y las redes se estrenaron en el año 1997).
7.- Todo ello acompañado por el vaciamiento del ente de control (OCEBA), y su estado deficitario en todos sus componentes (normas, recursos humanos, instalaciones).
“Por todo ello solicitamos la constitución de dicha Comisión Bicameral, entendiendo que se debe investigar si hubo responsabilidades de los funcionarios que permitieron los Tarifazos que llevaron al endeudamiento de muchas familias bonaerenses”, expresaron Juan Diego González Morales (Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente -CESPMA-) y Henry Stegmayer (Consumidores Responsables).
Además, ambos referentes pidieron saber también “qué niveles de inversión verdaderos realizaron las empresas como paso previo a discutir si corresponde o no una nueva actualización de sus tarifas”.
“Creemos que es un derecho de todos los usuarios saber en forma adecuada y certera cuales fueron los motivos que justificaron tremendos, abusivos y confiscatorios aumentos, condenando al empobrecimiento energético de muchos de ellos y sus familias”, agregaron González Morales y Stegmayer.
En otro aspecto, ambos dirigentes precisaron que “es el momento de ser audaz y pensar en la posible desprivatización de las actuales concesiones, ya que estas empresas solo han demostrado bajos niveles de inversión, mala gestión y tarifas cada vez más impagables para las usuarias y usuarios, pero con extraordinarias ganancias para las empresas”.
“Creemos que recorrer este camino nos permitirá hacer realidad las tarifas justas, razonables y accesibles porque como siempre decimos, los servicios públicos son derechos”, concluyeron.
Cabe destacar que, además de González Morales y Stegmayer, la nota enviada a la senadora Demaría fue firmada por Pedro Bussetti (Defensa de Usuarios y Consumidores -DE.U.CO-); Silvana Szmukler (Red Nacional de Multisectoriales); Andrea Manzi (Asociación Civil para la Promoción y Difusión de los Derechos e Inclusión Energética); Paula Soldi (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad -CEPIS-); Ricardo Gil (Unión de usuarios y consumidores filial La Plata); Eduardo Marangoni (Defensa de consumidores de Saavedra -DECOSA-); Carlos Bustos (Consumidores y usuarios del interior -COYUSIN-); Eduardo López (Asociación civil Buena Gente -KUMEN CHE-); Mauricio Bianchi (Defensa de Consumidores y usuarios); Osvaldo Bassano (Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores -ADDUC-); Inés Bienatti (Federación Mutual para la Defensa Organizada del Consumo -FEMUDECO-); Eduardo Cobo (Centro de orientación al consumidor -CEODECO-); Herta Ortunio (Protección Medio Ambiente y Consumidores -PROMACOM-); Sergio Procelli (Consumidores Argentinos) y Rafael Irigoiti (Federación de Instituciones de La Plata).
